SOS Rural y Campiña Norte entregan más de 55.000 firmas en la sede del Parlamento andaluz contra la tala de 500.000 olivos centenarios para instalar megaplantas solares.

Entrega de las firmas en el Parlamento Andaluz. Foto: Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

La plataforma SOS Rural, junto a Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, ha entregado este miércoles en la sede del Parlamento de Andalucía más de 55.000 firmas recogidas en la campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!’. La entrega de estas rúbricas de miles de ciudadanos llega ocho días después de que SOS Rural solicitase sendas reuniones, tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como a la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, para trasladarles en persona la preocupación de estos miles de ciudadanos y hacer entrega de los apoyos recibidos a la campaña. 

“Ni el presidente de la Junta ni su consejera de Medio Ambiente nos han recibido, ignorando así el clamor de 56.577 ciudadanos que ya han firmado a estas horas, tanto de Andalucía como del resto de España, que se sienten muy preocupados por la tala de medio millón de olivos, muchos de ellos centenarios, en Jaén y en Córdoba”, lamenta Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, quien sí que ha sido recibida en sede parlamentaria por diputados del Grupo Mixto y de Por Andalucía.

De este modo, SOS Rural y Campiña Norte denuncian que la transformación territorial del mítico mar de olivos andaluz, que trae consigo también graves consecuencias económicas y sociales, se está llevando a cabo gracias a la capacidad expropiadora del Gobierno autonómico, que unida a la concesión de “utilidad pública” de los proyectos convierte a los propietarios de los olivos centenarios en víctimas de coacción durante todo el proceso. “En Jaén hay planificadas 25 megaplantas solares, que ocuparán más de 4.000 hectáreas de terreno cultivado con olivar tradicional, lo que supone la eliminación de un sistema económico vinculado al olivar, a la producción de aceite de oliva y al empleo rural”, denuncia Corbalán.

En este sentido, sólo los olivos que se pretenden eliminar en la localidad jienense de Lopera —unos 42.600 en 426 hectáreas de olivar— implican una pérdida anual de 2 millones de kilos de aceitunas, de 400.000 litros de aceite y de más de 3 millones de euros que sus vecinos dejarán de ingresar entre jornales y la venta de aceite de oliva —según los datos del informe elaborado por la cooperativa La Loperana—. “La pérdida irreversible de estos olivos centenarios supone la ruina de pueblos como Lopera, cuyos vecinos dejarán de percibir el 25% de sus ingresos”, relata Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

Zona cero de la tala.

Cuando una máquina elimina 30 centímetros de suelo fértil, destruye en apenas una hora lo que la naturaleza ha tardado más de 3.000 años en crear, ya que se estima que la generación natural de 1 centímetro de suelo productivo requiere al menos 100 años —según los datos difundidos por la Fundación Descubre, promovida por la propia Junta de Andalucía—. “El impacto producido por la tala de olivos centenarios y posterior instalación de placas solares en esos terrenos fértiles supone una transformación radical e irreversible del territorio sin planificación, consenso ni evaluación de impacto real”, denuncia Corbalán, quien exige a la Junta que deje de expropiar suelos agrícolas a sus legítimos propietarios “por un supuesto interés general y aprovechando una ley preconstitucional” para ponerlo al servicio de intereses empresariales privados. “Estamos asistiendo a una auténtica injusticia social, económica y medioambiental, ya que la energía generada por estas plantas, además de que no se queda en la comarca ni genera empleo local, arrasa con la economía agraria, acelera la despoblación rural y debilita nuestra soberanía alimentaria”, añade Alcalá.

Con objeto de denunciar esta injusticia, SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares han acudido este martes a la zona cero de la tala de olivos en Jaén, en el entorno de Lopera, para ver in situ los terrenos más afectados hasta el momento por la tala y para encabezar una protesta que visibilice el problema y permita detenerlo. “El 69,6% de las plantas solares fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares en Andalucía se están instalando sobre suelos agrícolas clasificados de alta calidad, lo que supone que el 7,44% de los mejores suelos agrícolas hayan perdido su uso agrario tradicional por la transformación industrial de su entorno”, resalta Corbalán —en alusión al estudio ‘La energía solar: ¿Un nuevo uso ordinario del medio rural andaluz?’, publicado en la revista Hábitat y Sociedad en 2024—.

Durante la visita a las zonas más afectadas, a la que ha acudido también Carmen Torres, alcaldesa de Lopera, SOS Rural ha escuchado de primera mano, y sobre el terreno, el testimonio emocionado de decenas de afectados. Al término del encuentro, un miembro de SOS Rural se ha encadenado de modo simbólico a un olivo, gesto al que se han sumado decenas de afectados. “Le exigimos al presidente Moreno que escuche la voz de las familias rurales que están viendo cómo se desmantela su modo de vida, ya que aún estamos a tiempo de actuar con responsabilidad sensatez y compromiso en defensa del mundo rural andaluz”, exige Corbalán.

La superficie ocupada por parques fotovoltaicos en España ha crecido un 166% desde 2016, hasta alcanzar las 31.000 hectáreas, de las que el 82% corresponde a tierras de secano y el 11% a tierras de regadío, es decir, suelo agrícola productivo que se está perdiendo para siempre —según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)—. “Desde SOS Rural exigimos la paralización inmediata de la tala de olivos, que se establezca una moratoria sobre la expropiación de tierras agrícolas destinadas a proyectos fotovoltaicos industriales, que se promueva una revisión urgente de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y que se reevalúe el impacto socioeconómico y medioambiental de todos los proyectos actualmente en tramitación”, sentencia Corbalán.