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| Acto de protesta en Sevilla, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: SOS Rural. |
“La Junta nos argumenta que la tala de olivos cuenta con el apoyo de la sociedad y que se ajusta a la ley, pero desde SOS Rural le recordamos que llevamos más de 122.000 firmas en nuestra campaña contra la tala, que hay muchos propietarios a quienes les han expropiado forzosamente sus olivos y que esa ley en la que se escuda el Gobierno de Moreno es profundamente inmoral”, plantea Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
La Consejería de Sostenibilidad recibió este Plan —junto a su Documento Ambiental Estratégico— el pasado 22 de abril, por lo que el plazo máximo para responder por parte de la administración autonómica es el 22 de julio —tres meses después de su presentación—. Si el Gobierno de la Junta lo aprueba, el Consistorio loperano podría suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de obra para parques solares, conforme al artículo 78 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Además, SOS Rural reclama no emitir la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el cuarto proyecto fotovoltaico previsto en Lopera, competencia exclusiva de la Delegación de Medio Ambiente en Jaén, que es un requisito previo indispensable para que el proyecto sea declarado de utilidad pública por la Consejería de Industria. Sin este informe favorable, el proyecto queda bloqueado. En este caso, además, existen alegaciones ambientales de peso, como la presencia del ave protegida Alzacola rojizo, cuyo hábitat se vería muy afectado.
Una ley insensible.
En este sentido, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en el que se ampara la Junta, se aprobó hace casi 20 años (2006) y su actualización por la LISTA, en 2021, desatiende las sensibilidades ecológicas del mundo rural. “El desarrollo de las instalaciones energéticas no se ordena ni limita, por ejemplo, a los terrenos degradados, improductivos, abandonados o sin aprovechamiento, hasta el punto de que el artículo 21.1 de la LISTA establece que el uso de energías renovables en suelo rústico tiene carácter ordinario”, resalta Manuel Fernández, abogado de la Asociación Ecología y Libertad.
Ante esta realidad, SOS Rural ha vuelto a reclamar —de la mano de Campiña Norte contra las Megaplantas Solares—, una reunión urgente a Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, para exigirle la paralización inmediata de cualquier proyecto en Andalucía que implique la tala de algún olivo centenario y para impulsar una Ley autonómica para la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU). “SOS Rural quiere transmitirle a la consejera que la actual ley carece de sensibilidad con los suelos agrarios, pero de momento nos ignora justificándose en una norma que, en pleno siglo XXI, permite talar olivos tradicionales”, lamenta Corbalán, quien le recuerda a García que “está en sus manos paralizar este atentado ambiental contra el legado patrimonial, paisajístico y cultural de todos los andaluces y de todos los españoles”.
¿Garante del bien común?
En la misiva remitida por la Junta a SOS Rural, el Gobierno andaluz asegura que “comparte plenamente la preocupación por que el desarrollo e implantación de instalaciones de energías renovables en nuestra Comunidad Autónoma venga acompañado de la correspondiente salvaguarda de los intereses medioambientales, culturales y sociales”, al tiempo que califica el procedimiento de tramitación de estos proyectos en Andalucía como “riguroso, exhaustivo, garantista y totalmente transparente y participativo”.
“¿De verdad un procedimiento que permite talar olivos tradicionales para poner placas de hierro y cristal, arrasando terrenos altamente productivos y dejando sin futuro las economías locales, es garante del bien común y de los intereses medioambientales, culturales y sociales del territorio?”, se pregunta la portavoz nacional de SOS Rural.
Asimismo, la Junta señala al “promotor privado” como aquel que decide el lugar para instalar un proyecto renovable “en el libre ejercicio de su actividad empresarial y, por supuesto, en función de dónde se ubique el recurso solar o eólico disponible, así como de la cercanía a los puntos de evacuación que condiciona la red de transporte y de distribución”, otorgado por los operadores del sistema o bien por el Ministerio competente mediante concurso.
“Es una carta descarada, con una gran falta de consideración y en la
que reconocen actuaciones que no son acorde a la ley. ¿Acaso tomar como
único criterio el beneficio de las empresas privadas es de utilidad
pública? ¿De verdad nos quieren hacer creer que se cumple con la
Licencia Social Operativa?”, expone Rafael Alcalá, portavoz de la
plataforma Campiña Norte.
En este sentido, la Junta afirma en su misiva que, “antes de ser
autorizada la implantación de esos proyectos, requieren de su
autorización ambiental correspondiente, que vela por que la ubicación de
estos sea acorde con todos los requisitos ambientales del territorio
donde pretenden instalarse”, siendo compatible la ubicación de estas
instalaciones “con la planificación territorial, con las afecciones
culturales y coherente con cualquier otra cuestión que sea susceptible
de tener una afección por dichos proyectos”.
“El despliegue masivo de este tipo de instalaciones ‘verdes’, carente de una planificación territorial previa, contraviene la necesaria observancia por la Administración pública andaluza del principio de precaución y del de cohesión social y territorial, dos principios rectores de la política ambiental española regulados en el artículo 2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética”, explica el abogado de la Asociación Ecología y Libertad. De este modo, la Junta debe primar el principio de precaución, ante la incertidumbre sobre posibles daños graves o irreversibles —como los provocados sobre el suelo agrícola derivados de la contaminación que generan las instalaciones fotovoltaicas—, y el de cohesión social y territorial, que garantiza la armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables, respetando los valores ambientales.
Asimismo, la Junta está contraviniendo el principio de no regresión ambiental — recogido en el artículo 2 de la Ley 7/2021, como otro de los principios rectores en el derecho nacional—, convirtiendo 9.000 hectáreas de suelo rústico —con una cubierta vegetal natural que actúa como un reservorio de biodiversidad—, en suelo industrial.
Perspectiva económico-social.
El Gobierno de Moreno asegura en la misiva que, en el marco público-privado que promueven, insisten “a los promotores en la aplicación de la Licencia Social Operativa para que los proyectos renovables tengan la mayor aceptación social del territorio”, al tiempo que mantienen abierta una “línea de colaboración y cooperación con los municipios en los que se puedan ubicar estos proyectos y que así lo soliciten, a fin de resolver dudas y aclarar la tramitación de los mismos, al igual que con las asociaciones de la ciudadanía”.
Por su parte, SOS Rural resalta la importancia estratégica del suelo agrícola en la economía andaluza, clave para mantener la soberanía alimentaria y el tejido económico rural, al tiempo que denuncia que la declaración de utilidad pública de estos proyectos es contraria al interés general. “En estos contratos, el promotor de la instalación vende la energía generada a otro particular, normalmente una instalación industrial, sin ofertarla al público general, desvirtuándose la declaración de utilidad pública ex lege que justifica las expropiaciones”, explica el abogado de la Asociación Ecología y Libertad, quien niega que haya una verdadera y deseable colaboración público-privada, algo que se manifiesta en la descoordinación empresarial a la hora de desarrollar instalaciones de energía renovable —donde, a menudo, se encuentran infraestructuras de distintos proyectos solapados e incompatibles entre sí—.
Perspectiva ambiental.
Además, la Junta señala la necesidad de contar con energías renovables debido a la emergencia climática, a la necesaria descarbonización de la economía y a los objetivos internacionales, comunitarios y nacionales. “Estos objetivos deben ser compatibles con el respeto a nuestro patrimonio, a nuestra cultura y a nuestro medio ambiente y, por tanto, con el cumplimiento riguroso de la normativa que ampara la tramitación de los proyectos de generación de energías renovables”, argumentan.
“Por favor, diferencien el cumplimiento de la actual ley con respetar de forma genuina nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro medioambiente”, reclama Corbalán, quien advierte del desinterés público del Gobierno de la Junta por las afecciones ambientales adversas que generan estos proyectos. “Estamos viendo como el Gobierno andaluz, que debería ser garante del cumplimiento de la ley, permite fraudes de ley con la fragmentación ilegal de los proyectos”, denuncia Corbalán.
Denuncia en la Conferencia de la ONU.
Ante esta realidad, SOS Rural ha acudido este miércoles a Sevilla, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, para denunciar esta tala masiva de olivos para implantar megaproyectos solares. “Queremos alertar a la comunidad internacional sobre un modelo de transición energética desordenado, que amenaza el paisaje, a la economía rural y a nuestra soberanía alimentaria, que se aprovecha de un discurso que promueve las renovables a cualquier precio”, recalca la portavoz nacional de SOS Rural, antes de sentenciar: “Energías renovables sí, pero no así”.
La campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!’, impulsada por SOS Rural en apoyo al mítico mar de olivos andaluz, ha superado las 122.000 firmas.