Plataforma Campiña Norte, SOS Rural y Ecología y Libertad informan a los alcaldes y a los ediles de Lopera, Arjona y Marmolejo de las “graves consecuencias penales” que asumen si conceden licencias a los proyectos fotovoltaicos.

Campos de olivar en Lopera. Foto: Antonio Marín. 

La alianza formada por las plataformas ciudadanas Campiña Norte contra las maegaplantas solares, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad ha informado por escrito a la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, y a los 10 concejales de este municipio de Jaén —tanto del Gobierno como de la oposición—, de que las autorizaciones de las instalaciones fotovoltaicas que se prevén implantar en esta localidad, así como en los términos municipales aledaños de Arjona y Marmolejo, son nulas de pleno derecho.

De este modo, se les comunica —tanto a la alcaldesa como a los ediles— las consecuencias “de gran magnitud” que tendrán que asumir, tanto ellos como su Consistorio, si siguen adelante con las concesiones de licencias cuando, fruto de los vicios que hacen ilegales estas instalaciones —y en virtud del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas— se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales de las plantas.

Esta acción informativa, compuesta de 29 escritos que se han extendido también a los alcaldes y a los concejales de los ayuntamientos de Arjona y Marmolejo, se enmarca en la macrocausa judicial en toda España impulsada por esta alianza contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo y, en este caso concreto, a los olivos tradicionales y altamente productivos de Lopera y su entorno, en la provincia de Jaén. En este territorio, SOS Rural y Ecología y Libertad cuentan con el apoyo de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares—.

En los escritos, esta alianza pone el foco en el fraccionamiento ilegal de los proyectos desde la perspectiva sectorial y ambiental, realizado para evitar la competencia estatal en la aprobación de lo que, en realidad, es un “megaproyecto” y evitar así —mediante fraude de ley— una evaluación ambiental conjunta para los 9 proyectos y tramitada por el procedimiento ordinario. “El fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varios, todos con una potencia instalada de menos de 50 MW, busca evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y, al fraccionarlo, evitan su control”, explica Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

En este sentido, la alianza de Campiña Norte contra las megaplantas solares, SOS Rural y Ecología y Libertad ha recordado también a los alcaldes y concejales que, antes de aprobar las licencias, tengan en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció el pasado 15 de julio mediante una resolución sobre estos vicios —de nulidad radical—, confirmando los criterios sentados al respecto por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Los alcaldes y concejales deben saber que, tal y como dictó el TSJA, estos proyectos son ilegales por lo que, si deciden conceder las licencias, las promotoras de los proyectos ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales”, explica Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Asimismo, la aprobación de las licencias por parte de los ayuntamientos puede ser constitutiva de un presunto delito contra el medio ambiente.

Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte, añade también que: “Promovido desde la plataforma Campiña Norte se interpuso demanda penal el pasado mes de febrero por posible prevaricación medioambiental contra varios órganos administrativos y las empresas promotoras, por parte de varios de los propietarios afectados por los proyectos, a los que se pretendía expropiar o se ha expropiado sus tierras, que se intentan ubicar en Lopera y su entorno. Y ya se solicitó a los ayuntamientos no conceder licencias hasta tener claro todos los procesos y estudiar muy bien los proyectos”.

David contra Goliat.

Por otro lado, los escritos enviados a los alcaldes y a los ediles solicitan información, tanto al Ayuntamiento de Lopera, como a los de Arjona y Marmolejo, sobre el estado de las licencias. Así, en caso de haberlas concedido ya, Ecología y Libertad solicita acceder a ellas y, en caso de no haberlas concedido aún, piden personarse en esos expedientes. Esta petición se hace en virtud del derecho de acceso a la información pública, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y artículo 24 de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía. “El plazo para resolver y notificar las solicitudes de información pública, de acuerdo con la normativa de transparencia de aplicación, es de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, finalizados el pasado 25 de agosto de 2025, pero aún no hemos recibido respuesta por parte de ningún ayuntamiento”, lamenta Fernández.

“Tenemos claro que en esta defensa de ese símbolo nacional que son los olivos tradicionales somos David frente a Goliat, pero también sabemos que la ley y la verdad están de nuestra parte, por lo que es necesario que todos los concejales y los alcaldes de Lopera, Arjona y Marmolejo sepan que, si aprueban las licencias de esas 9 instalaciones fotovoltaicas, lo están haciendo de algo ilegal, que se van a declarar nulas y que no hacer nada tendrá graves consecuencias penales para sus ayuntamientos y para ellos mismos”, recalca Corbalán
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“Avasallar, ignorar y menospreciar a los ciudadanos, propietarios legítimos, usando una interpretación de las leyes de forma sibilina por parte de empresas y administración; no es la forma correcta en la que la administración, que se supone al servicio de los ciudadanos, debe actuar, porque a veces los ciudadanos se revelan, como es nuestro caso, ante este mal uso del poder administrativo solo basado en interese políticos y partidistas”, lamenta Rafael Alcalá.