La alcaldesa de Lopera se compromete con SOS Rural a no otorgar las licencias de obra de los megaproyectos fotovoltaicos que afectan a su municipio.

Ayuntamiento de Lopera. Foto: Antonio Marín.

La alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, se ha comprometido este miércoles, durante una reunión con la plataforma SOS Rural y la plataforma Campiña Norte, en el Ayuntamiento loperano, a no otorgar las licencias de obra de los proyectos fotovoltaicos que afectan a Lopera, tanto en campos de placas solares, en líneas de evacuación y en líneas de alta tensión. Torres ha mostrado también su “adhesión” a los recursos de revisión de todos los proyectos fotovoltaicos que afectan a los municipios de Arjona, Marmolejo y Lopera, en la Campiña Norte de Jaén, iniciados por la alianza entre SOS Rural y la asociación Ecología y Libertad.

Asimismo, la alcaldesa ha informado de que ha contactado con la Junta de Andalucía, mediante un escrito, solicitando información sobre el estado actual de esos recursos, sin obtener respuesta alguna. “La alcaldesa de Lopera nos ha dejado claro que mientras no se resuelvan los recursos de revisión que ponen en duda la legalidad de los proyectos fotovoltaicos, ella no va a otorgar ninguna licencia de obra”, ha explicado Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Este encuentro se ha producido en el marco de la entrega de más de 31.000 firmas de ciudadanos, a cargo de SOS Rural, que reclaman a los alcaldes de los municipios de Lopera, Marmolejo y Arjona, en Jaén, que suspendan urgentemente la concesión de las licencias de los proyectos fotovoltaicos que afectan a sus localidades, por ser nulas de pleno derecho. La alcaldesa de Lopera es la única representante de los tres municipios que se ha reunido con SOS Rural, tras la negativa del alcalde de Marmolejo, Manuel López, y del alcalde de Arjona, Juan Latorre. Estas rúbricas se unen a las más de 142.337 obtenidas con la campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!’, en apoyo al mítico mar de olivos andaluz, que se registraron en la sede del Parlamento de Andalucía el pasado 12 de junio.

La entrega se produce después de que la alianza formada por Plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad informase por escrito, el pasado septiembre, tanto a los alcaldes como a los 29 concejales de los tres municipios, de las consecuencias “de gran magnitud” que tendrían que asumir, tanto ellos como sus consistorios, si seguían adelante con las concesiones de licencias cuando, fruto de los vicios que hacen ilegales estas instalaciones —en virtud del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas— se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales de las plantas. “Hemos explicado a la alcaldesa de Lopera, y nos habría encantado hacerlo también a sus homólogos de Arjona y Marmolejo, el fraude de ley en el que han incurrido los promotores al fraccionar de forma ilegal lo que en realidad es un solo megaproyecto, lo que busca evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y, al fraccionarlo, evitan su control y una evaluación ambiental adecuada”, resalta Corbalán.

Proyectos ilegales.

Asimismo, se ha aprovechado la entrega de rúbricas para recordar también a los alcaldes y concejales que, antes de aprobar las licencias, tengan en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció el pasado 15 de julio mediante una resolución sobre estos vicios —de nulidad radical—, confirmando los criterios sentados al respecto por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Estos proyectos son ilegales, tal y como dictó el TSJA, por lo que, si conceden las licencias, las promotoras de los proyectos ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales”, explica Corbalán. Asimismo, la aprobación de las licencias por parte de los ayuntamientos puede ser constitutiva de un presunto delito contra el medio ambiente.

“La ley y la verdad están de nuestra parte en esta defensa de un símbolo nacional, como son los olivos tradicionales de Jaén, y no vamos a escatimar esfuerzos para informar a todos los concejales y alcaldes de Lopera, Arjona y Marmolejo de que, si aprueban las licencias de esas 9 instalaciones fotovoltaicas, lo están haciendo de algo ilegal, que se van a declarar nulas y que no hacer nada tendrá graves consecuencias penales para sus ayuntamientos y para ellos mismos”, recalca Corbalán.