Torres ha explicado que hace esta petición en función del acuerdo de Gobierno que rige actualmente en la Junta de Andalucía, puesto que en su apartado 26 las formaciones políticas de Vox y PP se comprometen a la “protección del suelo productivo y del patrimonio natural de los suelos de uso tradicional frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica”. Dice textualmente que “se excluirá la instalación de macroplantas y fotovoltaicas en suelos de regadío, inundables o de valor agronómico” y que “se emitirán informes vinculantes de impacto agrario en todos los expedientes de instalación de energías renovables”.
La alcaldesa ha señalado que la formación política del vicepresidente segundo de la Junta “ha denunciado reiteradamente que la expansión descontrolada de esta plantas supone un peligro real para la supervivencia de la provincia”, por lo que advierte que Manuel Gavira “ahora sí tiene responsabilidades y competencias, y por tanto tiene la legitimidad política y las herramientas administrativas necesarias para tomar decisiones a este respecto”. “Tendrán que pronunciarse y actuar en consecuencia para cumplir ese punto del acuerdo y no incurrir en contradicción o incumplimiento del mismo”, ha apuntado.
Torres ha indicado que actualmente Lopera se encuentra en la fase de otorgar las licencias urbanísticas para la implantación de una planta fotovoltaica en su término municipal, proyecto que “cuenta con todas las autorizaciones favorables de la Junta de Andalucía”. Ha añadido que el Ayuntamiento ha tramitado un Plan Especial Urbanístico que “posibilitará suspender cautelarmente el otorgamiento de licencias”. Sin embargo, la suspensión de las licencias que se encuentran en avanzado estado de tramitación tendría consecuencias indemnizatorias muy elevadas para el Ayuntamiento. “Por eso hace falta una intervención urgente y decidida en el seno de la Junta de Andalucía para frenar la autorización de esos proyectos que está impulsando el propio Gobierno andaluz”, ha agregado.
La alcaldesa ha confiado en que haya “una rápida respuesta” por parte del vicepresidente segundo de la Junta y que acepte sentarse a la mayor brevedad para “encontrar una solución al problema que ha generado la propia Junta de Andalucía y al que se le puede poner remedio si los socios de Gobierno cumplen con el acuerdo que han firmado”.






