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| Plaza de la Constitución, en Lopera. |
La Junta de Andalucía anticipará hasta el 75% del importe de
las subvenciones que reciben los ayuntamientos por su participación en
los programas de escuelas taller y talleres de empleo. El titular de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha informado al Consejo de Gobierno
de la próxima modificación de la orden reguladora de estas ayudas, que
se conceden en régimen de concurrencia competitiva y cuya última
convocatoria fue publicada en junio de 2017 con una dotación total de 49
millones de euros. La medida tiene como objetivo facilitar la
participación de las entidades locales en estas iniciativas.
La nueva regulación establece que, una vez resuelta la
solicitud de la ayuda, el 25% no anticipado se abonará una vez
justificado el primer importe, tal y como permite la normativa estatal
de Formación Profesional para el Empleo de 2015 para el caso de que los
beneficiarios de subvenciones sean administraciones públicas. La
modificación se aplicará, con efectos retroactivos, a las solicitudes
tramitadas al amparo de la convocatoria de 2017, sin que suponga una
modificación del gasto previsto.
La forma y secuencia de pago hasta ahora vigente, que fija
un anticipo del 25% de la subvención en el momento de la concesión, un
35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa y el 40%
restante tras la justificación total, suponía un obstáculo para la
participación de las corporaciones locales, que debían anticipar
importantes cuantías y cumplir con las obligaciones mensuales de pago de
nóminas, seguros sociales y otros gastos derivados de la ejecución del
programa.
Las escuelas taller y los talleres de empleo son programas
mixtos de empleo y formación cuyo objetivo es mejorar la ocupabilidad de
los desempleados (jóvenes menores de 25 años en el primer caso y
mayores de 25 en los talleres de empleo) con la finalidad de facilitar
su inserción laboral. Sus acciones, de carácter temporal, alternan la
formación con el trabajo productivo. Los participantes adquieren la
formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un
contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés
social.
Los proyectos constan de una primera etapa formativa de
iniciación, en la que el alumno trabajador recibirá formación
profesional adecuada a la ocupación, además de una beca, y una segunda
donde se complementa su formación en alternancia con el trabajo y la
práctica profesional, siendo contratados por las entidades promotoras
(corporaciones locales, consorcios o entidades de derecho público y
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro).