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| Plaza de San Roque, en Lopera. |
Las
últimas transferencias realizadas suponen ”el cumplimiento del compromiso por
parte de la Junta
de Andalucía en mantener una cadencia de tres meses en el abono de las cuantías
para la prestación de este servicio, y evidencia el compromiso cumplido por
parte de la administración andaluza, que deja alto y claro que su prioridad es
la población más vulnerable”, ha destacado la delegada territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez.
En este
sentido, ha recordado el “esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz por
mantener el sistema de atención a la Dependencia a pesar de la progresiva retirada del
Gobierno central de la financiación de estos servicios”. Así, ha señalado que "Andalucía continúa siendo
la primera comunidad autónoma en desarrollo de la Ley de Dependencia con un 22 por ciento del total de beneficiarios de
todo el país y un 24 por ciento de las prestaciones".
La aportación
económica del Gobierno central a la atención a la dependencia se va reduciendo
de manera progresiva año tras año. Por ejemplo, en 2011 el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinó a Andalucía 357 millones de
euros, en 2012 bajó hasta los 334 millones, en 2013 sólo alcanzó los 273
millones y para 2014 ha
destinado únicamente 252 millones de euros.
Desde 2007,
Andalucía ha destinado 8.000 millones a la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor. Además, el
Gobierno central mantiene los recortes para el Sistema de Atención a la Dependencia en 2015.
Incluyendo lo presupuestado para este año, serán 400 millones de euros menos que
Andalucía ha dejado de recibir del Gobierno central, provocando la asfixia
económica del sistema.
Ante la derogación encubierta de
la Ley de
Dependencia que viene aplicando el Ejecutivo de la Nación , la Junta de Andalucía viene
reclamando un acuerdo nacional para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo
y la financiación de la Ley
de Promoción de la
Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación
de Dependencia, en el que participen todos los grupos del Congreso de los
Diputados y los agentes sociales.