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De este modo, SOS Rural, Ecología y Libertad y Campiña Norte le recuerdan a Torres y a su Ayuntamiento que las autorizaciones —sectoriales y ambientales— de las instalaciones fotovoltaicas que se prevén implantar en esta localidad son nulas de pleno derecho, debido al fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varios —todos con una potencia instalada de menos de 50 MW—. Este fraude de ley busca, por un lado, evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia estatal —del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)— y, al fraccionarlo, es aprobado por el órgano autonómico —Delegación Territorial de Industria y Energía de la Junta de Andalucía en Jaén—. Por otro lado, este fraude de ley busca evitar la realización de una evaluación ambiental ordinaria conjunta de todos los proyectos —de los que, por el contrario, se ha tramitado una evaluación ambiental separada y por el procedimiento simplificado—.
"Hemos percibido constantes incongruencias y cambios de versión por parte del Ayuntamiento de Lopera, que intenta ahora justificar la aprobación de las licencias para los parques solares pese a sus compromisos previos, tanto con nosotros como con sus vecinos”, lamenta Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Así, se ha apreciado como el Ayuntamiento de Lopera, liderado por Torres, trata de avanzar en la concesión de licencias mientras el Plan Especial para la Ordenación de Actuaciones Vinculadas a la Generación de Energía Solar Fotovoltaica en el Término Municipal de Lopera (Jaén) queda paralizado por un requerimiento de Medio Ambiente.
El gabinete jurídico del Ayuntamiento de Lopera ha mantenido hasta ahora que suspendería el otorgamiento de licencias mientras se resolvían las revisiones de oficio presentadas por la alianza SOS Rural-Ecología y Libertad y que el plan especial se aprobaría en septiembre, activando una suspensión de licencias durante tres años —tal y como permite la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que especifica que, durante la tramitación del plan especial, el Consistorio de Lopera puede suspender el otorgamiento de toda clase de licencias urbanísticas de proyectos que afecten o contravengan aquello que se regula en ese instrumento de ordenación urbanística—. En este sentido, Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, ha resaltado que “tanto Industria como Medio Ambiente han confirmado que no existe resolución definitiva sobre los recursos y, de hecho, siguen pidiendo informes, por lo que no hay motivo legal para correr a conceder licencias, salvo la voluntad política de hacerlo”.
Consecuencias de gran magnitud.
La alianza formada por SOS Rural y por Ecología y Libertad, junto a la Plataforma Campiña Norte, ha recordado a la alcaldesa Torres las consecuencias de gran magnitud que tendrán que asumir, tanto ella —incluso con responsabilidad patrimonial— como su Consistorio, si sigue adelante con las concesiones de licencias cuando, fruto de los vicios que hacen ilegales estas instalaciones, y en virtud del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales de las plantas.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya se pronunció, el pasado 15 de julio, confirmando la nulidad de este tipo de proyectos por vulnerar la legislación ambiental. De esta manera, si el Ayuntamiento concede las licencias a estos proyectos ilegales, sus promotoras ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales. Asimismo, podría incurrir incluso en un posible delito contra el medio ambiente. “Las licencias hay que paralizarlas, tanto por el recurso de revisión, sobre el que la Junta de Andalucía aún no se ha pronunciado, como por el plan especial”, recalca Corbalán, quien considera que la aprobación de las licencias por parte del Ayuntamiento de Lopera sería “un ataque directo a los pequeños agricultores, al territorio y al futuro del pueblo”.
Sea como fuere, si la Junta de Andalucía inadmitiese los recursos de revisión presentados por la alianza conformada por SOS Rural y Ecología y Libertad, se abriría la vía contencioso-administrativa, es decir, se llevaría el caso ante un tribunal para que sea un juez quien decida. “El plan especial le permitiría a la alcaldesa de Lopera cumplir con su palabra y, tal y como se comprometió el pasado 22 de octubre ante SOS Rural, la Plataforma Campiña Norte y ante sus vecinos, no conceder las licencias de obra”, recuerda Corbalán.