Estas ayudas forman parte de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y su objetivo es contribuir al relevo generacional necesario para el sector; así como facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales y fijar a la población en aquellas zonas que se encuentran en situación de despoblamiento.
Los destinatarios de las ayudas podrán ser personas físicas que tengan entre 18 y 40 años, estén en posesión de alguna de las titulaciones establecidas en las bases reguladoras; y presenten un plan empresarial que sea viable técnica y económicamente; así como personas jurídicas que deberán tener como objeto principal el ejercicio de la actividad agraria, tener domicilio fiscal y social en Andalucía y presentar un plan empresarial viable.
Asimismo, el plan empresarial tiene que ser viable técnica y económicamente; así como comprometerse a su implementación, es decir, que dé como resultado la instalación de una persona joven en una explotación agraria. Para ello, este plan deberá prever que la explotación final generará al menos una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) y una renta agraria de al menos el 35% de la renta de referencia.
Andalucía es la única comunidad que concede un primer pago a la persona joven en el momento de recibir la resolución de concesión de la ayuda que supone un 25% del total a percibir y permite a los jóvenes tener liquidez suficiente para poder acometer inversiones vinculadas a su plan empresarial. Además, con estas ayudas, el Gobierno andaluz da cumplimiento a uno de los objetivos establecidos en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado el 13 de marzo de 2023, dentro del objetivo marco de atención especial a la juventud andaluza.
De igual modo, asume el compromiso de apoyar a todos los jóvenes que hayan presentado un plan empresarial, respalda de manera decisiva la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria y agiliza los trámites administrativos a través de la implantación de la tramitación 100% telemática.