A partir del 1 de julio la mayor parte de los pensionistas pagarán un 10% de lo que cuesten sus medicamentos (con topes máximos según sus rentas) y los trabajadores hasta un 50 ó 60% también según su renta, lo que aumentará la aportación media del ciudadano hasta el 10,6%.
Esta aportación ciudadana 'sigue estando por debajo de la media europea, que está en torno a un 16,5%', algo 'entendible' cuando hay países como Bélgica donde hay trabajadores activos que pagan hasta el 85% por sus medicinas.
Los pensionistas españoles, que desde los años sesenta jamás han pagado por sus fármacos, asumirán ahora el 10% del coste, hasta un límite de 8, 18 y 60 euros al mes. Estos tres máximos dependerán de los ingresos del paciente: 8 euros al mes para las rentas inferiores a 18.000 euros, lo que afecta al 85% de los pensionistas andaluces; 18 euros al mes para quienes ingresen entre 18.000 y 100.000 euros y un tope de 60 euros para las rentas superiores a 100.000 euros. Quedan exentos de pago los que cobren una pensión no contributiva.
En Andalucía los pensionistas no tendrán que adelantar el pago de sus medicamentos. A la tarjeta sanitaria se le ha incorporado una especie de "cuenta corriente", que irá contabilizando el gasto de cada fármaco y dejará de sumar cuando haya alcanzado el límite. A partir de ahí el pensionista seguirá adquiriendo sus medicamentos de forma gratuita.