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Vivienda en alquiler de Lopera. |
La Consejería de Fomento y Vivienda
ha iniciado el proceso de información pública del proyecto de Decreto
por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
2016-2020, que plantea como pilares fundamentales la rehabilitación del
parque residencial existente y la mejora de su eficiencia energética, el
fomento del alquiler y la lucha para garantizar el derecho de acceso a
una vivienda digna, impidiendo la pérdida de ésta por motivos
económicos.
Los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos
tendrán de plazo hasta el 16 de febrero para presentar propuestas y
sugerencias a este texto, que posteriormente serán analizadas por la
Consejería de Fomento y Vivienda para incorporar aquellas que se estimen
oportunas a la versión definitiva. El borrador del Plan estará
expuesto, según se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA),
en la Secretaría General de Vivienda en la sede de la Consejería de
Fomento y Vivienda, sita en la Avenida Diego Martínez Barrio, 10, de
Sevilla, y en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda.
Además se podrá consultar a través de la página web www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
El futuro Plan de Vivienda, una vez cerrado el periodo de
información pública, deberá someterse a los informes preceptivos de los
diferentes departamentos de la Administración autonómica y, con
posterioridad, ser remitido al Consejo Consultivo para su dictamen. La
aprobación por parte del Consejo de Gobierno, último trámite del
proceso, se prevé para primavera.
Este instrumento, que contará con una dotación
presupuestaria de unos 750 millones de euros, financiados a través de la
aportación autonómica, estatal y europea, apuesta por un nuevo modelo,
que en el ámbito del fomento del alquiler incorpora programas dirigidos
al parque público y al conjunto del patrimonio residencial existente.
Para los inmuebles públicos se pondrá en marcha una línea de fomento del
parque público de viviendas en alquiler o cesión del uso sobre suelos o
edificios de titularidad pública y en lo que respecta a todo el parque
residencial, se contemplan tres programas que se tramitarán a través de
una orden única al objeto de agilizar y clarificar a los ciudadanos los
procedimientos administrativos.
Estos programas se concretan en una convocatoria de ayudas a
personas inquilinas que facilitará el pago de hasta el 40% de las
rentas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM,
alcanzando el 100% en grupos de especial protección. Estas subvenciones
priorizarán, además, a quienes han sido desahuciados de su vivienda
habitual. Como novedad en este campo, se impulsará el programa del
alquiler de edificios de inmuebles vacíos que tiene como finalidad la
puesta en arrendamiento de edificios gestionados de forma conjunta por
administraciones o entes públicos y entidades sin ánimo de lucro.
En materia de rehabilitación, se pondrán en marcha numerosas
líneas de intervención, como el programa de Rehabilitación Autonómica
Edificatoria y de Viviendas, la Adecuación Funcional Básica de
Viviendas, orientada fundamentalmente a personas mayores o con
discapacidad; o la Rehabilitación Energética del Parque Público
Residencial. En este ámbito de actuación, tendrán una relevancia
especial las denominadas Áreas de Rehabilitación Integral, que se
desarrollarán en aquellos ámbitos sujetos a procesos de segregación y
graves problemas habitacionales que afectan a población en riesgo de
exclusión, la regeneración del espacio público, así como la
rehabilitación de edificios públicos.
Por otro lado, las iniciativas encaminadas a favorecer el
acceso a la vivienda incluirán medidas tendentes a facilitar la
transmisión de inmuebles protegidos sin devolución de ayudas en
situaciones muy específicas, como por ejemplo cuando éste haya sido
objeto de dación en pago o cuando todos los miembros de la unidad
familiar residente estén en situación de desempleo. También el Plan
contemplará la flexibilización de los regímenes de protección en
aquellas promociones de VPO calificadas en anteriores planes y que
presenten problemas en la adjudicación.
En este capítulo de vivienda protegida, la Consejería dará
respuesta a los compromisos adquiridos previamente, dando prioridad al
pago de las subvenciones al préstamo hipotecario de los adquirentes de
vivienda protegida. Como novedad, se incorporará la figura de la
vivienda protegida a precio tasado, que tiene como objetivo facilitar la
promoción de esta tipología residencial para la venta o el alquiler con
destino a familias con ingresos inferiores a los 4,5 veces el IPREM.