Tras las denuncias de FACUA, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA. Casi dos años después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación.


































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