La Diputacion exige a la Junta que regule la instalación de plantas de biogás y biometano.

La Diputacion exige a la Junta que regule la instalación de plantas de biogás y biometano. Foto: PSOE de Jaén.

La Diputación Provincial de Jaén exigió hoy a la Junta de Andalucía que desarrolle una normativa específica para la instalación de plantas de biogás y biometano, donde primen criterios de interés general y social en su ubicación.

La moción aprobada por el PSOE, y votada en contra por el PP, también solicita a la Junta que establezca una distancia mínima respecto a los cascos urbanos y que suspenda las tramitaciones que hay en marcha mientras no exista esa distancia mínima de seguridad y un informe de evaluación de impacto en la salud. Igualmente, se pide la publicación del mapa completo de estas plantas en Andalucía y que se agilicen los trámites para los ayuntamientos que están modificando su planeamiento urbanístico.

La diputada socialista Isabel Uceda acusó al PP de “ponerse de lado de Moreno Bonilla y en contra de la provincia de Jaén”. Recordó que hace un año el presidente de la Junta anunció que iba a convertir a Jaén “en el capital española del biogás” pero a día de hoy la provincia “es un polvorín”, con 23 proyectos tramitándose y “una gran alarma social en los municipios, con vecinos enfrentados entre sí y poniendo en el punto de mira a alcaldes y alcaldesas, como si de ellos dependieran estos proyectos”.

“Lo que está pasando es fruto de la irresponsabilidad, la falta de planificación y la deslealtad institucional de la Junta de Andalucía. El PP y el consejero de Industria dicen que los ayuntamientos son los competentes y que la Junta no impone nada, pero esto es sencillamente falso. Para salvar al soldado Moreno Bonilla, han abandonado a todos los alcaldes, incluidos los del PP”, reprochó.

Uceda consideró que “es normal que la gente quiera tener garantizados su salud y bienestar” y señaló que “la contestación social está poniendo en riesgo la viabilidad de estos proyectos”. “Las energías renovables son positivas, no pueden generar rechazo. Y esto está ocurriendo porque la Junta actúa con irresponsabilidad”, advirtió. En este sentido, argumentó que “no hay hoja de ruta ni regulación” y que los alcaldes necesitan respuestas porque “no tienen herramientas para regular ni paralizar esos proyectos”. “La concesión de licencias es un acto reglado. Sólo les queda modificar el planeamiento urbanístico, pero esto está supeditado a un trámite ambiental de la Junta, requisito que sufre unos retrasos indecentes. La Junta está dejando a los ayuntamientos desprotegidos mientras se pone claramente del lado de las empresas promotoras”, denunció.

La diputada subrayó que “otro modelo es posible, otro modelo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con la seguridad de las personas”, donde se pueda solventar la cuestión de los residuos agrícolas “sin generar problemas añadidos”. “Aún estamos a tiempo de parar esto”, instó al PP y a la Junta.