Ayuntamiento de Lopera. |
Torredelcampo ha sido el primero de los municipios de la provincia que se han adherido a este nuevo servicio –que se presta mediante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales creado por la Administración provincial– a través de un convenio suscrito por el presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes, y la alcaldesa de esta localidad, Francisca Medina, en el marco de un acto al que ha asistido la vicepresidenta de la Diputación y responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra.
“La puesta en marcha de este acuerdo ejemplifica la labor asistencial que presta la Diputación Provincial de Jaén, especialmente a los medianos y pequeños municipios jiennenses, como es el caso de Torredelcampo. Una labor que, tal y como manifestamos de forma firme a principios de esta legislatura, hemos querido reforzar en los últimos dos años, con el objetivo de convertir la asistencia –no sólo jurídica, sino técnica, material, económica y financiera– a los ayuntamientos jiennenses en uno de los ejes transversales de la política de acción de este Equipo de Gobierno”, ha recordado el presidente de la Administración provincial.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales no sólo está dedicado a resolver los recursos que presenten entidades, empresas o particulares en procedimientos administrativos en materia de contratación que tengan que ver con la Diputación, sino también los de aquellos municipios de la provincia de Jaén que lo soliciten a esta Administración provincial, para lo que éstos tendrán que suscribir un acuerdo con la Diputación de Jaén.
Los recursos especiales que puede resolver este tribunal administrativo son los relativos a contratos de obras, así como de concesión de obras públicas y de suministro y de colaboración entre el sector público y privado, siempre que éstos estén sujetos a regulación armonizada, es decir, que superen determinadas cuantías como 5 millones de euros en el caso de contratos de obras, 200.000 euros en el resto de tipo de contratos y más de 500.000 euros en contratos de gestión de servicios públicos que tengan un plazo de duración superior a 5 años.
El presidente de la Administración provincial ha hecho hincapié en la relevancia de este instrumento, especialmente “si tenemos en cuenta la importante dimensión de los procesos de contratación de esta Diputación, lo que hace necesario la existencia de un tribunal como éste, que sirva de garantía a nuestros licitadores de que el procedimiento de contratación se está llevando a cabo correctamente”.