La medida, recogida en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A y CCOO-A, contempla un presupuesto de 12 millones de euros y se calcula que en torno a 60.000 familias andaluzas se verán beneficiadas por la prestación.
Las solicitudes se presentarán solo de forma telemática en el Registro Electrónico Único a través de este enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta de Andalucía, donde, además, también se puede acceder a una guía explicativa. Asimismo, la Junta ha habilitado un número de teléfono, el 955012012, para resolver dudas y asesorar en los trámites correspondientes.
En concreto, podrán ser beneficiarias del bono carestía aquellas personas físicas que, teniendo al menos una persona menor a cargo, cumplan los siguientes requisitos: que la suma de los ingresos del año 2022 de todas las personas que componen su unidad familiar, entendiéndose por esta a los que residen en el mismo domicilio, sean inferiores a tres veces el IPREM anual; que la persona solicitante y el resto de personas empadronadas en su domicilio gocen de vecindad administrativa andaluza y que la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante cuente, al menos, con una persona menor de 18 años sobre la que ostente la guarda y custodia y se encuentre empadronado en el mismo domicilio.
Con estas ayudas se pretende paliar el encarecimiento del coste de la vida para las familias por las subidas de los productos alimenticios básicos y de los suministros provocado por la crisis internacional a raíz del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, unido a las consecuencias que se vienen arrastrando de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que ha provocado un estrés social que genera empobrecimiento.
La finalidad de esta medida económica puntual es generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de las familias y salvaguardar su dinámica económica, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las unidades familiares con menores a cargo, donde los ingresos no puedan hacer frente a las necesidades cotidianas por el encarecimiento de los productos de primera necesidad y los suministros.