El BOJA publica una ampliación de 5,96 millones en el presupuesto para las prácticas de jóvenes en las administraciones.

Jóvenes trabajadores en una oficina. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado en BOJA (https://lajunta.es/46s9a) una resolución que va a permitir ampliar en 5,96 millones el presupuesto inicial con el que cuenta el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, una iniciativa financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que permite a jóvenes desempleados menores de 30 años que han finalizado su etapa educativa tener una primera experiencia profesional en las administraciones públicas y las entidades del sector público andaluz.

Hasta el momento, ya se han concedido 22.32 millones de euros a 65 entidades de Derecho Público que han posibilitado la realización de 804 contrataciones a jóvenes, de un programa que cuenta inicialmente con un presupuesto de 29,11 millones de euros. Con el nuevo crédito aprobado de 5,96 millones, se alcanzarán en total los 35,07 millones de euros.

A los jóvenes desempleados menores de 30 años que acceden a estos contratos se les requiere que hayan finalizado su etapa educativa con título universitario, de formación profesional de grado medio o superior, título reconocido equivalente a los anteriores o certificado de profesionalidad. El objetivo de este programa es fomentar entre el colectivo juvenil la adquisición de competencias y habilidades profesionales que les facilite su incorporación al mercado de trabajo gracias a esta experiencia previa.

Los contratos financiados tienen que ser suscritos en la modalidad de prácticas y en órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y demás entidades del sector público andaluz, así como las corporaciones locales o entidades vinculadas o dependientes de las mismas.

Características de los contratos.

Para estos contratos, se contempla un incentivo que oscila entre los 1.783,83 euros por mes y persona en los grupos de cotización de la Seguridad Social del 5 al 9 (21.405 euros por año de contratación), y los 2.675,74 euros en grupos de cotización del 1 al 4 (32.108 por año). Además, se incluyen ayudas al desplazamiento de 1.000 euros por persona cuando procedan de una provincia distinta a la del centro de trabajo, con una cobertura máxima del 25% de los contratados.

Las contrataciones tienen una duración mínima de diez meses y máxima de doce, a tiempo completo, y para su cobertura las entidades deben presentar una oferta ante el SAE. Las personas trabajadoras se seleccionan teniendo en cuenta los criterios de mayor adecuación al puesto, estudios específicos y valoración curricular mediante el uso del currículum ciego. El 10% de las contrataciones concedidas se reservan para personas con discapacidad, salvo que no se llegue a un mínimo de diez contratos por entidad.

Se priorizarán los puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social y el desarrollo local rural. Pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las agencias, las sociedades mercantiles y consorcios del sector público andaluz o las corporaciones locales de Andalucía o entidades públicas dependientes.

Hasta seis líneas de ayudas.

Este programa está incluido en el Decreto-ley (https://juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2) aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2021, en el que se desarrollan hasta seis líneas de incentivos y que prevén alcanzar los 25.000 beneficiarios. Estas medidas se aprobaron con una inversión inicial en la comunidad autónoma de más de 167,7 millones de euros, aunque ante la buena acogida de algunos de los programas, se ha ido progresivamente aumentando este presupuesto.

Entre los colectivos beneficiarios se encuentran jóvenes desempleados; mujeres de los ámbitos rural y urbano en poblaciones de menos de 5.000 habitantes (beneficiarias de esta primera medida puesta en marcha); colectivos vulnerables como personas con discapacidad, parados de larga duración o inmigrantes; así como microempresas, trabajadores autónomos y cooperativas en proyectos relacionados con la economía verde y la digitalización.