IU colabora con los promotores de esta iniciativa como es CCOO de cataluña, PAH
(Plataforma afectados por la hipoteca), entre otras entidades. Esta iniciativa
surge a raiz de las más de 350.000 ejecuciones de hipoteca que se han producido
en España desde 2007 hasta 2011. Las Comunidades Autónomas que tienen el
triste honor de encabezar el ránking son Andalucía (68.053), Cataluña (65.670) y
la Comunidad Valenciana (65.220).
En nuestra comunidad se han ejecutado tan
solo en el año 2011, la elevada cantidad de 16,313 hipotecas. Las personas
afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados
por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se
encuentran en situación de paro de larga duración, y de éstas, los colectivos
tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigrantes o las familias
monoparentales.
Por otro lado, a la pérdida del trabajo y la consiguiente
pérdida de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de
graves efectos: el actual procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en
caso de impago, la vivienda vaya a subasta. Si la subasta queda desierta (lo que
sucede en el 90% de los casos), el acreedor –la entidad financiera‐ se puede
adjudicar la vivienda por el 60% del valor de tasación y seguir reclamando el
resto de la deuda pendiente ‐más intereses y costes judiciales‐ a la persona
ejecutada durante el resto de su vida.
Por todo esto, se ha puesto en
marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso
de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria de la ley de
enjuiciamiento civil, de manera que en los casos de vivienda habitual, la
personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la propiedad de la vivienda
y empezar de cero, tal y como sucede en los Estados Unidos o, a través de
diferentes procedimientos, en muchos otros países europeos. Es lo que se conoce
como dación en pago, y precisamente porque 350.000 familias ya han sufrido el
proceso de ejecución, la ILP propone que la regulación de la dación se haga con
efectos retroactivos.
¿que es una ILP?
Ante la negativa de los grupos
políticos mayoritarios a modificar la ley hipotecaria, la sociedad civil
organizada ejerce su derecho constitucional a la participación política. La
Constitución Española, en el capítulo “de la elaboración de las leyes”, prevé
laposibilidad de que los ciudadanos planteen una iniciativa para la presentación
de una proposición de ley. Es necesario recoger un mínimo de 500.000 firmas en 9 meses. (Ya faltan menos de 100.000).
Podéis firmar en la sede de IU, o preguntar como firmar a los
concejales de IU Lopera.
Fotografía: Concejales de IU en el Ayuntamiento de Lopera.