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| Edificio del Tribunal Supremo. Foto: FACUA. |
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el cambio
de criterio del Tribunal Supremo (TS) con respecto a quien debe pagar el
impuesto sobre actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios. Si
hasta ahora el alto tribunal mantenía que debía correr a cuenta del consumidor,
ahora rectifica y dictamina que debe ser la entidad prestamista, los bancos,
quienes se hagan cargo de pagar dicho impuesto.
En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente
el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo
(Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto
refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el
sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo
con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad
que presta la suma correspondiente.
La asociación considera una excelente noticia esta
rectificación del Supremo, que debe cambiar el sentido de las miles de
sentencias que van a dictarse en los próximos años.
FACUA, por tanto, solicita a las Haciendas autonómicas que
establezcan protocolos de devolución automática de las cantidades abonadas por
estos impuestos a los usuarios que las pagaron en los últimos cuatro años. Por
otro lado, la asociación insta a los bancos a que actúen con responsabilidad y
procedan a reembolsar estos importes a los hipotecados que los abonaron antes
de 2014.
El TS, en su cambio de criterio, tiene en cuenta que el
negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a
escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el
prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción
ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.
La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto
(que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser
contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho
reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
FACUA tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales en
representación de sus socios en los que se reclama tanto la devolución de las
cantidades cobradas fraudulentamente por la cláusula suelo como los gastos que
correspondía abonar a las entidades bancarias y no a los usuarios en relación a
la formalización de las hipotecas.