Asimismo, del total de expedientes que se tramitan actualmente desde esta oficina, en aquellos en los que existía procedimiento judicial y ya se había señalado el lanzamiento, se han realizado ocho peticiones para frenar los mismos y de ellos, dos se han paralizado. Los seis restantes están pendientes de resolución judicial.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, además de realizar una valoración positiva de estos datos, manifiesta cómo “tanto el número de usuarios como el de desahucios interrumpidos, así como las sentencias emitidas por la Unión Europea en torno a una ley que es injusta, constituyen motivos más que suficientes para que el Gobierno proceda al cambio y eliminación de esta legislación”.
Familias en riesgo de ser desahuciadas por las entidades bancarias –que en Jaén ascienden a cerca de las 3.000– pueden utilizar esta oficina, que cuenta con sedes en los municipios de Jaén, Linares, Úbeda, Andújar y Alcalá la Real. El acceso a este servicio se realiza mediante solicitud registrada en los propios ayuntamientos o a través de la Diputación de Jaén.
Esta oficina ofrece al ciudadano asistencia jurídica gratuita y complementa la labor de asesoramiento que ya viene realizando la Junta de Andalucía. Para ello, un grupo de letrados especializados en esta materia permanece a disposición de las personas que estén inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria o desahucio con el fin de buscar la solución más idónea a cada caso.