El diputado autonómico y secretario general del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios. Foto: PP. |
El diputado autonómico y secretario general del Partido Popular de
Jaén, Francisco Palacios, ha valorado hoy el compromiso del gobierno de
Juanma Moreno para poner a disposición de las entidades locales recursos
económicos suficientes para hacer frente al incremento de personal
necesario para la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social de
Andalucía por parte de sus servicios sociales comunitarios. “Los
ayuntamientos y la Diputación de Jaén van a tener que hacer un
sobreesfuerzo y desde la Junta de Andalucía no se les iba a dar la
espalda”, ha señalado.
Así se ha aprobado la Orden de 28 de julio de 2020 para la
distribución de créditos entre ayuntamientos de más de 20.000 habitantes
y las diputaciones al objeto de financiar el refuerzo de los Servicios
Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en
materia de renta mínima de inserción social.
Concretamente, la provincia de Jaén va a recibir un total de 751.300
euros de los que el 59%, es decir 442.720,54 euros, irán para la
Diputación provincial para la contratación de 10 técnicos y 14
administrativos. Alcalá la Real y Martos recibirán 37.665,67 euros para
contratar un técnico y un administrativo. Úbeda podrá contratar 1
técnico y dos administrativos para lo que se destinarán 54.181,63 euros.
Andújar y Linares recibirán 16.5151,96 euros para contratar un
administrativo y la capital jiennense dispondrá de 146.028,93 euros para
la contratación de tres técnicos y cinco administrativos. Hay que
recordar que los Servicios Sociales Comunitarios son desarrollados por
los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en el resto se realiza a
través de Diputación, que mantiene un convenio de colaboración con los
ayuntamientos.
“Con esta orden se da respuesta al fuerte volumen de trabajo que
tienen ahora los servicios sociales comunitarios de las entidades
locales dado que deben participar en la gestión de la renta mínima de
inserción social asumiendo la detección de las personas en situación de
pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo; la determinación de las
situaciones de urgencia social en el acceso a esta prestación; la
información a las personas interesadas, el asesoramiento en la
cumplimentación de la solicitud y la documentación a presentar así como
su recepción y remisión a la Delegación Territorial competente para
resolver; la negociación y suscripción con las personas beneficiarias de
los Planes de inclusión sociolaboral y con el SAE, etcétera. “En
resumen, un altísimo volumen de trabajo que resultaba imposible de
gestionar por el personal existente en los servicios sociales
comunitarios de las entidades locales”, ha señalado Palacios. “Resultaba
imposible que por ellos mismos pudieran afrontar la avalancha de
solicitudes, más ahora con la extraordinaria situación creada por la
pandemia que ha llevado a un incremento de las personas en situación de
vulnerabilidad y que miles de familias estén sin recursos regulares”.
Asimismo, el dirigente popular ha recordado que el gobierno de
Sánchez aumentó la carga de las entidades locales al hacerles
responsables de la tramitación del ingreso mínimo vital. “Esto ha
conllevado que la regulación autonómica de la Renta Mínima de Inserción
Social sea modificada para complementar la prestación estatal y así
seguir garantizando en Andalucía el derecho a la inserción social”.
Porque, ha continuado Palacios, “por mucho que el PSOE se empeñe en
manipular, mentir y tergiversar las cosas, la realidad es que la Junta
de Andalucía ha tenido que hacer un esfuerzo urgente para que los
servicios sociales queden cubiertos y las prestaciones puedan tramitarse
mientras que el gobierno social-comunista se ha dedicado a hacer
propaganda populista, aprobando una medida que ya existía en las
comunidades autónomas pero sin aportar soluciones para que las
administraciones pueda atender a las personas que más lo necesitan”.
En total, el gobierno de Juanma Moreno va a destinar más de 7,7
millones de euros para la contratación de personal técnico y
administrativo que se encargará de la información, asesoramiento y
comunicación con las personas usuarias de la renta mínima de inserción
social, así como la comunicación y coordinación con las Delegaciones
Territoriales, y la elaboración y seguimiento de los planes de inclusión
sociolaboral. “El gobierno de Juanma Moreno vuelve a demostrar que
siempre ha estado y estará del lado de los más vulnerables, que ha sido
su prioridad desde que llegó a la Junta de Andalucía y que se ha
reforzado desde el inicio de esta pandemia”, ha aseverado el secretario
popular.
En palabras de Palacios, “desde el Partido Popular no vamos a parar
para conseguir una Andalucía más fuerte, sólida y segura para reordenar
su economía”, y así se demuestra con las diferentes medidas adoptadas en
los últimos meses, mientras que el gobierno social-comunista, PSOE y
Podemos, “solo se han encargado de hacer propaganda política, de tratar
de sacar rédito político a esta crisis sanitaria, de buscar la
confrontación y el de lastrar el progreso de Andalucía”.
“No solo no aportan, sino que además quitan y mientras el gobierno de
Juanma Moreno aportará cerca de ocho millones para los servicios
sociales municipales, el gobierno de Sánchez les expropia más de 15.000
millones de euros”. El Gobierno central se queda con 534 millones del
IVA de los andaluces, con 201 millones de las políticas de empleo, y, en
el reparto del fondo Covid, le da a Cataluña el doble de dinero
teniendo casi un millón de habitantes menos que Andalucía. Y ahora, mete
la mano en el bolsillo de los ciudadanos, porque, “quedarse con el
ahorro de ayuntamientos y diputaciones es quedarse con el ahorro de los
vecinos de nuestros pueblos y ciudades”. En definitiva, Palacios ha
apostillado que “una vez más hay dos formas de gobernar y de gestionar
esta pandemia, la de un PSOE y Podemos que solo trabajan por sus siglas,
dando la espalda a los ciudadanos, y la del gobierno de Juanma Moreno
que tiende la mano a los que más afectados se han visto por esta
pandemia y aprueba medidas para colaborar con los que más han trabajado
por frenar el COVID, nuestros ayuntamientos”.