Esta convocatoria viene a atender “una preocupación creciente de los propietarios de vivienda” como es la accesibilidad de las viviendas, según ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. “Andalucía cuenta con un parque de viviendas que, en muchos casos, se construyó hace décadas sin rampas ni ascensores y, a la larga, eso ha supuesto un grave problema, sobre todo a personas mayores o con movilidad reducida que no pueden salir de sus hogares”, ha dicho.
La Consejería de Fomento ha dispuesto dos líneas de subvenciones en función de la tipología, ambas en concurrencia competitiva. La primera va destinada a la mejora de la accesibilidad en viviendas, ya sean unifamiliares, aisladas o agrupadas en fila, para la que se destinará 6.179.600 euros con una previsión inicial de 1.004 viviendas. La segunda línea se centra en el fomento de la accesibilidad en edificios, con una partida de 24.718.600 euros, y a ella pueden acudir las comunidades de propietarios. En este caso, se espera que se puedan atender a 4.254 viviendas. Estas ayudas están financiadas a través del Plan Vive En Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Junta de Andalucía y el Plan Estatal de Vivienda.
A las subvenciones para viviendas se puede presentar el titular de la propiedad o el arrendatario, siempre que cuente con el acuerdo del propietario para solicitar la subvención. En cualquier caso, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar las cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En el caso de las ayudas a la rehabilitación de edificios, la mitad de las viviendas que componen el edificio deben tener unos ingresos inferiores a cuatro veces el Iprem.
La construcción de estas viviendas debe ser anterior al año 2006, salvo que resida al menos una persona con discapacidad o mayor de 65 años. En el caso concreto de las ayudas a la rehabilitación de edificios, al menos un 70% de la superficie sobre rasante, salvo planta baja, debe tener uso residencial y al menos el 50% del edificio debe ser residencial habitual. Por último, se deberá presentar un informe técnico de Ordenación de la Edificación.
La subvenciones ascienden hasta el 60% del coste total de la obra, aunque se puede elevar al 80% si reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años e incluso al 100% si el inmueble se encuentra dentro de las áreas de rehabilitación delimitadas de acuerdo con el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre.
La cuantía máxima de la ayuda en la línea de mejora de la accesibilidad en viviendas unifamiliares, aisladas y agrupadas será de 12.500 euros y para las viviendas en edificios de tipología residencial será de 6.000 euros. En el caso de la accesibilidad de edificios, se establece un máximo de 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles. Estas partidas podrán incrementarse en caso de tener como residente a una persona con discapacidad o si el inmueble está declarado BIC o tiene un nivel de protección.
La Consejería de Fomento abonará el pago de la subvención en dos
plazos de manera anticipada con la intención de favorecer la realización
de estas actuaciones en las viviendas de personas con recursos
limitados. Para ello, sólo será necesario presentar una serie de
documentación relacionada con la obra, como la licencia de obra o el
certificado de inicio de los trabajos, entre otras cuestiones.
13.000 familias beneficiadas en 4 años.
La consejera de Fomento ha argumentado que esta línea de ayudas se integra dentro de la estrategia de rehabilitación residencial del Gobierno de Juanma Moreno. Desde 2019, se han concedido ayudas o subvenciones que han permitido la mejora de la accesibilidad de más de 13.000 hogares andaluces. El dinero invertido, más de 51 millones de euros, se ha destinado, en su mayoría, a la instalación de ascensores.
De hecho, Andalucía quiso incorporar más partidas para accesibilidad dentro del Plan Ecovivienda, la herramienta ideada por la Consejería de Fomento para la ejecución de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, la solicitud planteada por la Junta no fue atendida por el Gobierno central, que limitó las ayudas a intervenciones en materia de conservación que garantizaran la reducción del consumo energético en al menos un 30%.