jueves, 21 de octubre de 2021

Maribel Lozano destaca la bajada de impuestos y el decreto de fraccionamiento como “medidas clave” para la recuperación de la provincia.

La delegada del Gobierno Andaluz, Maribel Lozano. Foto: Junta de Andalucía.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, ha destacado esta mañana la nueva Ley de Tributos Cedidos y el Decreto-ley 18/2021 que permite fraccionamiento de las deudas de los ayuntamientos como medidas “clave del Gobierno andaluz para apoyar la recuperación económica de la provincia”. 

Maribel Lozano ha comparecido en rueda de prensa para poner en valor ambas iniciativas con las que el Gobierno de Juanma Moreno “muestra su sensibilidad social y su determinación para ser palanca de la recuperación económica de la provincia al dar oxígeno a ciudadanos y ayuntamientos, además de facilitar la captación de inversiones, la reactivación de la economía y la generación de puestos de trabajo”. 

En palabras de la responsable del Ejecutivo andaluz, se trata de políticas fiscales que dejan claro que el Gobierno de Juanma Moreno cumple sus compromisos de bajar la presión fiscal, se ocupa del bienestar de las clases medias y trabajadoras jiennenses, con especial foco en los colectivos más vulnerables, y apoya a los municipios pequeños frente a la despoblación. Asimismo, ha resaltado Maribel Lozano, el Gobierno andaluz reconoce el papel determinante que juegan los ayuntamientos en la recuperación económica y les da oxígeno financiero evitando que se encuentren con trabas para acceder a la financiación pública y especialmente a los fondos Next Generación.

“De esta manera, en dos años y medio, Andalucía y Jaén han pasado de ser un infierno fiscal a un territorio cuya fiscalidad favorece la inversión y ayuda a las familias”, ha destacado la delegada.

Maribel Lozano se ha referido especialmente al impacto positivo de la rebaja aprobada en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 8, 9 y 10 al 7% y al 0,3 en arrendamientos. Asimismo, ha explicado los beneficios de la rebaja del IRPF con ejemplos. “Un contribuyente con un rendimiento neto de 18.000 euros, si tiene un hijo en Jaén capital antes se deducía 50 euros, ahora, 200.  Si ese mismo contribuyente vive en un municipio en riesgo de despoblación,  la deducción actual será de 400 euros, mientras que la anterior era de 50”, ha detallado Maribel Lozano.

La provincia se beneficia especialmente de las reducciones que se dirigen a mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes en municipios de menos de 3.000 habitantes, una medida que, según ha subrayado Maribel Lozano, “ayudará a luchar contra la despoblación y a fijar a la población al territorio en los 53 municipios que se pueden acoger”.

La delegada se ha referido al carácter social de la reforma, que supone un “ahorro para personas con discapacidad y mayores y para familias monoparentales o numerosas. “Son medidas para todas las familias, para personas con discapacidad, para jóvenes y para municipios en riesgo de despoblación. Queremos que la gente se quede en los pueblos de la provincia de Jaén y para ello hay que rebajar impuestos, mejorar los servicios y crear dinámicas empresariales y económicas que generen empleo”, ha añadido la delegada del Gobierno.

La reforma fiscal modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 8, 9 y 10 al 7% y al 0,3 en arrendamientos;             El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasa del 1,5 al 1,2%; el Impuesto del IRPF, en el que se adelanta la escala prevista para 2023 a 2022 y en el que el tipo mínimo se queda en el 9,5 y el máximo en 22,5; el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en favor de hermanos, tíos y sobrinos, que pasa del 70 al 45% (El mejor régimen fiscal de todas las comunidades) y el Impuesto sobre el Patrimonio que se queda en la misma escala que el estatal, salvo el último tramo que permanece en el 2,5 y no aplica la subida estatal del 3,5%.

Decreto de fraccionamiento.

Por otro lado, la responsable del Ejecutivo andaluz en la provincia ha puesto en valor el nuevo decreto por el que se regula el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y se establecen otras normas recaudatorias.

“Este decreto ley plasma el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el municipalismo, el apoyo a nuestros pueblos, ya que es una norma que hará compatible el pago de las deudas que ayuntamientos tienen con la Junta de Andalucía con la prestación de buenos servicios a los ciudadanos, con la llegada de ayudas e inversiones, con el apoyo a las empresas y con la reactivación de la economía, lo que se traduce en más competitividad para nuestras empresas, sobre todo, esos empresarios locales que son el alma de nuestros pueblos y ciudades, y con la generación de puestos de trabajo”, ha valorado Maribel Lozano.

El decreto ley tiene dos finalidades, por un lado, las entidades locales podrán aplazar sus deudas con la Junta para pagarlas en un plazo prudencial y estableciendo un plan financiero, recibiendo, al menos, el 75% de la Patrica. “De este modo, tendrán a la Junta de Andalucía a su lado, para que no se asfixien, para que la deuda no les impida prestar los mejores servicios a la ciudadanía”, ha subrayado la delegada.

Por otro lado, los ayuntamientos que aplacen las deudas a través del decreto tendrán regulada su situación financiera con la Junta de Andalucía. La medida permite garantizar la recepción de subvenciones y ayudas públicas, fondos para poner en marcha proyectos que redunden en el bienestar de los vecinos de los municipios jiennenses, que es igual a inversiones, actividad pública inversora, empleo y dinamización de las empresas.

“De hecho, es la única vía para la llegada de los fondos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation, un dinero que nos tiene que ayudar a impulsar nuestra economía, generar más puestos de trabajo y que los ayuntamientos cuenten con proyectos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos”, ha añadido la responsable del ejecutivo andaluz.

Actualmente, en Jaén existen 58 entidades locales con deudas con la Junta de Andalucía, que se podrán acoger a este plan. En caso de acogerse todos los ayuntamientos susceptibles supondría el aplazamiento del pago de 12,8 millones de euros por parte de estas entidades locales.

El decreto también se abre a las empresas privadas a las que se permitirá el aplazamiento y el fraccionamiento con un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o con un certificado de seguro de caución.