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| El teletrabajo se está imponiendo entre los trabajadores. Foto: Pixabay. |
En ambas reuniones, han asistido junto a la ministra el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la subsecretaria, Dionisia Manteca, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel. En representación de las administraciones territoriales han asistido por videoconferencia los consejeros y directores generales autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla con competencias en Función Pública así como representantes de la FEMP.
En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11 de junio se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público. Para ello, se dio un mandato a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que también están representadas las tres administraciones, para que elaborase una propuesta.
La Comisión de Coordinación se ha reunido de forma virtual en tres ocasiones (18 junio, 9 julio y 9 de septiembre). En la última reunión, 9 de septiembre, acordó un texto de consenso con todas las CCAA sobre un nuevo artículo 47 bis del TREBEP.
El 10 de septiembre se constituyó un grupo de trabajo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, formado por Administración y sindicatos, para abrir la negociación hasta llegar al acuerdo que finalmente la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito con los representantes sindicales en la Función Pública de CSIF, UGT y CCOO.
Gracias a este acuerdo, que supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales.
Las principales ventajas que aporta esta nueva regulación, tanto para la sociedad como para las administraciones públicas son, según el acuerdo firmado, el fomento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Administración digital, la reducción en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental, en línea con los ODS 2030, o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y hombres y corresponsabilidad.
La regulación del teletrabajo era un compromiso de
legislatura, cuya ejecución se ha tenido que adelantar por la situación
originada por la pandemia del COVID-19.