La Consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Foto: Junta de Andalucía. |
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para
el Alquiler de Vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del coronavirus en los hogares de las familias más
vulnerables. La consejera, Marifrán Carazo, ha informado al Consejo
de Gobierno de este programa, que cuenta con un montante de 30 millones
después de que la Administración autonómica haya incorporado una partida
adicional de 13 millones a "los fondos insuficientes" del Gobierno
central, cuya dotación no respondía a la demanda y las necesidades reales de la
población andaluza.
"Son muchos más los andaluces que necesitan estas
ayudas porque en estos momentos no pueden pagar el alquiler, por lo que vamos
a poner fondos de los que dispone Andalucía para las políticas de vivienda
ordinarias para afrontar la crisis extraordinaria del Covid-19 en materia
de alquiler de vivienda", ha manifestado Marifrán Carazo.
Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial
336/2020 de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del
Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
El desarrollo y gestión de estas ayudas es competencia de las comunidades
autónomas.
En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía
ha recibido 17,1 millones de euros, que sólo cubrirían las ayudas al
alquiler para 4.700 familias. Ante esta situación, la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aportará un complemento
hasta alcanzar los 30 millones de euros. "Con esta asignación
presupuestaria se podrá atender a unas 8.500 familias, una cifra que
dependerá del precio de los alquileres y que se acerca más a la necesidad real
que hay en la comunidad", ha recalcado.
Marifrán Carazo ha destacado que su departamento está
trabajando en las bases reguladoras desde el día que el Gobierno central
publicó la medida. De esta manera, ha avanzado que la convocatoria será
totalmente telemática, en concurrencia no competitiva y por la cual se
podrá abonar el cien por cien de la renta del alquiler, con un máximo de 900
euros. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de
abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según
consta en la Orden Ministerial.
Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos,
como encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los
ingresos del 40%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de
alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad.
Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613
euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del
alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas,
comunidad) tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.
Para agilizar trámites, se podrá acreditar mediante declaración
responsable, pero en el plazo de un mes deberán aportar la documentación
acreditativa. Las solicitudes, que se podrán presentar a principios de junio,
se resolverán conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible
y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la
ayuda.
Marifrán Carazo ha recalcado que se está trabajando para
contar con una aplicación informática ágil, que permita que las
ayudas se abonen de inmediato. "Hay que comprender que el Gobierno central
ha puesto en manos de las comunidades unas ayudas que sabemos que urgen
y cuya tramitación administrativa es compleja por el gran volumen de
solicitudes que se esperan", ha manifestado la consejera.