Acto de presentación de este plan de choque. Foto: Junta de Andalucía. |
La Junta de Andalucía pondrá en marcha un plan de choque en
Dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros. La Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación ha
informado al Consejo de Gobierno de esta iniciativa, cuyo objetivo será incorporar,
de manera gradual, a las 109.470 personas pendientes de ser atendidas por
el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El informe presentado por la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación cifra en un total de 75.097 las personas
actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención
(PIA), para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de
Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a
domicilio, teleasistencia...).
Además, este informe ha concluido que 34.373 andaluces no
están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente.
Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser
valoradas para determinar su grado de dependencia.
El plan de choque tiene como objetivo simplificar los
trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los
plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Se prevé aunar en un
único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para
la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por
fases.
Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están
potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento
electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que
tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los
protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema
social y sanitario.
Con respecto a la digitalización en el ámbito de la
dependencia y los servicios sociales, una de las medidas destacadas será la
implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la
Dependencia que permita agilizar el procedimiento. Así, tanto las
administraciones como las entidades prestadoras de servicios podrán acceder a
la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
En este sistema se podrá compartir la información y
documentación digitalizada, facilitando su acceso a la ciudadanía mediante la ventanilla
electrónica. Además, propiciará la interoperabilidad con cualquier
sistema relacionado, como, por ejemplo, los de salud o empleo. Todo ello
redundará en la disminución del tiempo de espera, al agilizarse el
procedimiento administrativo.
Otro de los objetivos marcados será acelerar la
incorporación al sistema de las personas que tienen reconocido el Grado I o
dependencia moderada, que es el que menor cobertura tiene en la actualidad.
Como parte del plan de choque, se revisarán los criterios de
gestión y los protocolos de actuación con objeto de mejorar la coordinación
entre el sistema social y sanitario, y también con las corporaciones
locales, encargadas de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios.
Otra de las novedades será la aplicación de un sistema de
evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento,
redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que
intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para
que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del Programa
Individual de Atención (PIA), simplificar los trámites y la documentación
solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.